Madrid, 19 de diciembre 2013.
El gobierno de Ignacio González ha vuelto privatizar otro servicio más de la sanidad pública madrileña. Hoy, la Comunidad de Madrid ha aprobado en Consejo de Gobierno la privatización de la donación de sangre escudándose en que así terminará de una vez por todascon la duplicidad en Madrid, al existir dos centros de transfusión. Pero es que precisamente para terminar con esta duplicidad anómala se creó en 1988 y por Real Decreto, el CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID (CTCM) con el fin de unificar los distintos bancos de donación que existían hasta entonces, desde la Hermandad de Donantes de Sangre, hasta el Instituto de Hematología pasando por los diferentes bancos de sangre que cada hospital público tenía en sus instalaciones (nunca entendimos por qué no se hizo lo mismo con la Cruz Roja).
En el resto de comunidades autónomas, allí donde existía Cruz Roja, fue desapareciendo absorbida por los Centros de Transfusión públicos. La excepción era Madrid y va a seguir siéndolo.
Por eso ahora 25 años después y coincidiendo con el aniversario del CTCM, no se entiende que desde la Consejería de Sanidad se empeñen en intentar convencer a los ciudadanos que con este convenio se terminará con dicha duplicidad. Además de no ser cierto, la duplicidad seguirá existiendo puesto que el CTCM se mantiene entre otras cosas, como referente de toda la donación de sangre en los hospitales y por su parte el centro de transfusión de la Cruz Roja existirá, aunque desparezca su nombre, ya que será quien extraiga la sangre en la calle utilizando eso sí los autobuses del CTCM, autobuses pagados no nos olvidemos con el dinero de todos los contribuyentes madrileños.
En Madrid, hasta hoy a Cruz Roja se le ha permitido (por razones nunca explicadas) dedicarse a la distribución de sangre a los hospitales privados. Y, cuando era necesario, y dentro de un acuerdo de colaboración aportaba al CTCM en torno al 10% del total de la sangre distribuida por éste. Dejando al margen que el personal del CTCM podría haber obtenido el 100% de la sangre si no se hubiera encontrado permanentemente en las calles la competencia desleal de las unidades móviles de Cruz Roja, un 10% es colaboración; poner en régimen de casi monopolio la obtención de la sangre no es colaboración, es sustituir las funciones básicas y esenciales de los servicios públicos. Y esto no es objetivo ni función de una ONG. Estos datos nos alejan del concepto de duplicidad que desde la Consejería se empeñan en denunciar.
Otro de los argumentos esgrimidos desde la Consejería de Sanidad para justificar este convenio, es la labor altruista de la Cruz Roja., labor que no ponemos en duda pero que está de más en una tarea pública como es la donación de sangre y quizá deban focalizar su atención en otros países más necesitados. Amparada bajo las siglas de ONG, no hay que olvidar que, la Cruz Roja es una institución privada que se sirve del trabajo de miles de voluntarios y del patrocinio de grandes empresas, cuyo presidente es Juan Manuel Suárez del Toro Rivero, banquero reconocido que hasta hace poco compatibilizaba su cargo retribuido con la presidencia de Caja Canarias y con su pertenencia al Consejo de Administración de BFA/Bankia..
Por eso no entendemos el argumento de “solidaridad” que la ViceConsejera Patricia Florestanto se empeña en manifestar cuando el que realmente demuestra su espíritu altruista y desinteresado, es el donante, quien desde el momento que extiende su brazo para que le extraigan una gota de sangre sin más contraprestación que un bocadillo y un refresco, se erige en el único abanderado de la solidaridad de un proceso que jamás debería servir para hacer negocio.
Por todo ello, desde esta Asociación nos preguntamos que si la finalidad de dicho convenio realmente es organizar de una manera sensata la donación de sangre y abogar por la solidaridad, que hagan lo que el resto de las Comunidades Autónomas han hecho, es decir,centralizar todo en la red pública sanitaria o lo que es lo mismo en el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, cuyo principal y único objetivo es garantizarel bienestar de todos los ciudadanos.
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