Hoy, 26 de abril, salimos a la calle las Mareas Blanca, Verde, Roja y Naranja. Cada una por sus reivindicaciones y objetivos, que comparten en común la defensa de lo público, el rechazo de los recortes y la exigencia de recuperar los derechos arrebatados y la inversión que fortalezca servicios fundamentales para la ciudadanía.
Durante dieciocho meses, tras cada Marea Blanca, hemos puesto en evidencia el expolio de nuestra Sanidad Pública, que garantizaba la universalidad y que con menor coste que el resto de países daba excelentes resultados en salud; todos los baremos internacionales la tenían valorada como de gran calidad. La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid – Marea Blanca sale hoy además acompañada por la Educación, la Ciencia y los Servicios Sociales, todas elementos del mismo conjunto;somos el Estado que han destruido; tenemos claro que los graves atentados a la Sanidad y su incidencia en los millones de usuarios forman parte de un plan depredador, sutilmente programado, para destrozar lo que cada uno de dichos Servicios Públicos representa, patrimonio común imprescindible en Democracia e insustituible en la situación de quiebra del país que la economía especulativa y sin control han provocado. Sin salud no hay futuro ni vida, lo que no parece importar a quienes por votos nos gestionan de forma antidemocrática y con total impunidad.
De nuevo denunciamos las DERIVACIONES, que siguen manteniendo el expolio mientras sacan pruebas y cirugías a empresas privadas y acusan a la población del escandaloso aumento de las listas de espera. Dice el consejero Javier Rodríguez que la listas han aumentado escandalosamente porque los pacientes eligen Sanidad Pública, pero no dice que han cerrado servicios, camas, quirófanos y han echado a miles de profesionales a la calle. En relación a ello denunciamos la represión a los sanitarios que informan a sus pacientes y no siguen los dictados del mercado: “Sr. Rodríguez no mienta más, restituya en sus puestos a todo el personal enviado al paro, abra lo cerrado y cumpla con una ratio aceptable. Habrá logrado superar las listas de espera, disminuir las cifras del paro y revertir en el erario público lo que le corresponde.”
También advertimos contra las UNIDADES DE GESTIÓN CLÍNICA que son más privatización encubierta y seguimos denunciando la venta de nuestra sangre solidaria y a la que se ha puesto un precio de mercado. Finalmente, denunciamos el espinoso asunto de la pérdida de la universalidad de la Sanidad. El Consejo de Europa reprochó al Gobierno de Mariano Rajoy este recorte drástico que supone «un incumplimiento de las obligaciones» del Ejecutivo español recogidas en la Carta Social Europea. A día de hoy el Tribunal Constitucional ha restaurado la validez de la Ley Navarra de Asistencia Sanitaria, considerando que un eventual ahorro económico no puede estar por encima de la salud de las personas, como lo legitima el miserable cambio constitucional del artículo 135 y 135 bis de la Constitución vigente.
En definitiva desde la Marea Blanca, DENUNCIAMOS que para Vds. salud, educación, ciencia y servicios sociales sólo son mercado; para nosotros son vidas y son nuestros Servicios Públicos que precisan de gerentes, gestores y políticos que se crean lo público, que lo respeten y que sean leales a los principios constitucionales; no que los utilicen para colocarse cómodamente en ellos, servirse de sus privilegios y colocar a gentes de su entorno. Sin Educación no hay Ciencia, sin Ciencia no hay Sanidad y sin Servicios Sociales no tendremos la merecida paz social que se han dispuesto a liquidar para implantar su ideología y salvar su especulación.
2. MAREA ROJA
La I+D+i tiene el triste récord de ser el sector que ha sufrido un mayor recorte presupuestario, en términos porcentuales, en los últimos años, llegando hasta un 40% entre 2009 y 2013. El presupuesto para Ciencia en España ha pasado de un 0.92 a un 0.52% del PIB. La reducción de los presupuestos no es tan solo cuantitativa, sino también cualitativa. Más de la mitad de los fondos presupuestados (60%) en los PGE son créditos para empresas, partidas en gran medida que no se ejecutan, y que han de ser devueltas. Es decir, del ya exiguo presupuesto para Ciencia una parte se realiza a través de "fondos-espejismo". Numerosas convocatorias de financiación han desaparecido o se retrasan mientras que las probabilidades de éxito son cada vez menores. Frente a esta situación, la respuesta de gobierno ha sido optar por la fórmula de cofinanciación que hace cada vez más difícil la posibilidad de mantener los gastos de personal de cualquier laboratorio, excluyendo a un número creciente de grupos de investigación del acceso a los fondos necesarios para desempeñar su labor.
Todo esto ha llevado a una situación de emergencia en la ciencia española: el CSIC al borde del colapso en varias ocasiones en los últimos dos años, despidos en centros como el Príncipe de Asturias de Valencia o el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y cientos de investigadores con años de experiencia a su espalda abandonando el país en un auténtico exilio científico.
A pesar de la palabrería del Gobierno sobre la mejora de la situación a partir de este año, la realidad muestra lo contrario: el aumento presupuestario de 2014 es tan pírrico (3.6%) que nos sigue situando a los niveles de 2010, encontrándose por debajo de la inflación prevista y siendo totalmente insuficientes para recuperarnos de este cataclismo. Además, lo más grave es que el eje de la política científica de este Gobierno es orientarla hacia el mercado. Esto resultó evidente desde el momento en que englobaron la ciencia en el Ministerio de Economía y Competitividad, pero siguen demostrándolo con otros ejemplos como el programa Con Futuro presentado recientemente por el presidente del CSIC, que prevé la cesión de las instalaciones del CSIC al servicio de investigaciones de empresas. Una vez más, vemos cómo se pone patrimonio público al servicio de intereses privados.
Exigimos un aumento drástico de los presupuestos para I+D+i, hasta volver al menos a los niveles de 2009. Ésta investigación debe ser fundamentalmente pública, y no al servicio de intereses empresariales. Exigimos también condiciones laborales dignas para las miles de personas que trabajan en investigación y que se ven condenadas a una precariedad perpetua. Seguiremos movilizándonos junto con el resto de sectores en lucha hasta conseguir nuestras reivindicaciones, porque SIN CIENCIA NO HAY FUTURO.
3. MAREA NARANJA
La Marea Naranja nos hemos constituido como un movimiento ciudadano dispuesto a responder a estas políticas injustas y crueles, vinculándonos a una política de defensa de los derechos humanos y la justicia social
QUEREMOS:
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Un Sistema Público de Servicios Sociales (sistema social) donde estén reconocidos los derechos sociales básicos como derechos subjetivos universales.
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Manifestar nuestro rechazo a los recortes en las políticas sociales.
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Exigimos la modificación de la Constitución para que incluya el Derecho Fundamental de la ciudadanía a la protección y cobertura del Sistema Público de Servicios Sociales.
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Defendemos la intervención pública como garantía de derechos y de inversión social y económica para el futuro de la ciudadanía.
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Una Renta Básica, que suponga un derecho subjetivo.
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Un desarrollo adecuado de la Ley de Dependencia.
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Un sistema público de servicios sociales que asegure una atención integral de calidad.
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Defender la intervención social como una inversión social y económica, que genera justicia social.
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Defendemos una intervención social con profesionales.
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Por un convenio colectivo digno para el sector de la intervención social.
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Defendemos unos Servicios Sociales próximos a la ciudadanía en los municipios.
4. MAREA VERDE
Reclamamos el fin de los recortes, la paralización de las agresiones que está recibiendo la educación pública madrileña, desde la Educación Infantil hasta la Universidad, y la derogación de la LOMCE.
La política de recortes, que se vienen produciendo con la excusa de la crisis, asciende a 6.400 millones de euros desde 2010. Los recortes han supuesto el despido de 35.000 profesores en los últimos años, mientras que el alumnado ha seguido aumentando. Se han endurecido las condiciones de trabajo del profesorado, ha aumentado la ratio de alumnos por aula, se han suprimido programas de atención a la diversidad, se han eliminado becas, que incluso se retrasan en pagar o se disminuyen en cuantía según denuncian estudiantes y diversos colectivos.
Lo que, en todo caso, podrían ser medidas coyunturales para la reducción del déficit, se consolidan en una ley orgánica. Cometen el profundo error de considerar la educación un gasto y no una inversión. Es tremendo ver cómo no falta financiación para sanear la banca, cubrir los agujeros de las autopistas, socializar las pérdidas de las grandes empresas y no hay recursos para la inversión de futuro más rentablede un país, aumentando además el importe de las tasas y las matrículas de los centros públicos de una manera desorbitada.
En la CAM las agresiones continúan por parte de un gobierno beligerante contra todo lo público. Recientemente la consejera anunciaba en un congreso de escuelas católicas que se doblarían los recursos para este sector privado y confesional; un aumento de los conciertos intolerable desde el punto de vista del interés general, amenazan de hecho con la apertura de dos nuevos centros privados concertados católicos, en Parla y en Rivas. Por otro lado, siguen los ajustes con el cierre de aulas de ESO y Bachillerato en centros públicos (IES de Barrio Bilbao, Rosa Chacel, C.M. Rodríguez Valcárcel, Alonso de Avellaneda) y la negativa a construir nuevos centros públicos en áreas de nuevo desarrollo como el PAU de Vallecas, Arganzuela, Barajas, San Blas, Villaverde, Vicálvaro.
La LOMCE es una amenaza para la escuela pública. Busca la privatización y la segregación clasista que se produce por varias vías: los itinerarios tempranos y la disminución de la comprensividad para todos, el refuerzo de los conciertos, las reválidas, los bachilleratos de excelencia, la especialización de los centros para que compitan unos con otros, la publicación de las pruebas externas y la segregación por sexos en centros que reciben fondos públicos. También hay programas bilingües en la Comunidad de Madrid, que nadie ha evaluado, y que pueden producir tal segregación que convierten la escuela en un riesgo para una parte del alumnado. La filosofía de la ley conduce a un aumento del fracaso escolar y a peores resultados en las pruebas internacionales.
Es una ley sectaria, aprobada con la mayoría absoluta del PP y con todo el mundo en contra. En cualquier caso, nada está perdido. Seguiremos denunciando esta ley y debatiendo entre la comunidad educativa sobre la escuela que queremos. Que no puede ser otra que la escuela de tod@s y para tod@s, pública, laica, inclusiva, gratuita, que asegure el derecho a educarse y a aprender con éxito de todo el alumnado. Es decir, todo lo contrario que el sistema educativo que diseña la ley Wert, que es puro darwinismo escolar al servicio del darwinismo social, económico y político. Por eso no tiene futuro una ley que hace retroceder la igualdad entre los ciudadanos. Y recordamos a todas las fuerzas políticas su compromiso de derogación en cuanto se produzca un cambio político progresista.
Aprobada la LOMCE, el siguiente objetivo del Gobierno es la Universidad Pública. Pretenden convencernos de que las necesarias mejoras vendrán de las medidas que ya han empezado a aplicar y que la futura ley pretende consolidar. Lo esencial de las medidas consiste en la asfixia económica de la Universidad Pública, despido de profesores y trabajadores, subidas de tasas y reducción de becas.
A ello hay que añadir la desaparición tanto de la democracia como de la autonomía en la Universidad Pública con la aquiescencia y la colaboración de los actuales Rectores. Denunciamos la creciente represión hacia los que se movilizan, que se salda con la reciente detención de 54 estudiantes, así comolos más de 500 expedientes en educación a lo largo de estos dos años.
Tampoco son de extrañar las dudas frente a esas de cotas de excelencia y calidad de la enseñanza, promesas como las de tres millones de empleos que el PP prometió por boca de González Pons al iniciode esta legislatura.
FINAL
Decimos NO a todas las agresiones y MANIFESTAMOS que las urnas deben ser un plebiscito ciudadano de rechazo a las políticas derivadas de considerar que el problema de la DEUDA se puede resolver con una reforma constitucional ilegítima - sin consenso y sin consulta a la población- que reformó en agosto de 2011 los artículos 135 y 135 bis de la constitución de 1978. Rechazamos que se dé preferencia al pago de la deuda, aumentada con el traslado de la parte privada a la pública sobre los gastos sociales derivados - igualmente- de derechos constitucionales: sanidad, enseñanza, investigación, dependencia, prestaciones al desempleo, pensiones.
Seguiremos por ello con la movilización en la calle y en los centros para defender los derechos sociales y laborales. Llamamos, también, a que las urnas sean un plebiscito ciudadano contra las políticas derivadas de anteponer el pago de la deuda a los gastos sociales y desde la creencia de que los servicios públicos necesitan gestionarse por responsables y políticos que crean y defiendan lo público.
Sin Educación no hay Ciencia. Sin ciencia no hay Sanidad. Sin Educación, Ciencia y Sanidad no hay Servicios Sociales.
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