Una
vez más se ha pecado de exceso de confianza. De nuevo, imponer criterios
distintos a los sanitarios está teniendo consecuencias tan graves como imprevisibles.
La opinión pública está escandalizada y, de forma reiterada, nuestros
gobernantes no están a la altura.
No
existían protocolos estrictos y fiables que garantizasen la seguridad de las
personas que atendieran a los enfermos de Ébola. No había garantía alguna de
que, aún siendo deficientes, se iban a cumplir en su totalidad. No había
medios, no había información, no había seguridad de que la enfermedad no se iba
a propagar. Y todo ello porque, previamente, se habían desmantelado los centros
que podían garantizar esto: El Hospital Carlos III, la Dirección General de
Salud Pública…
